El Conflicto Centroamericano
A finales de la década de los setenta Centroamérica se
caracterizaba por estar gobernada por dictadores militares, respaldados por el
gobierno de Estados Unidos, en el marco de la “lucha anticomunista” de la
guerra fría y ante la necesidad de mantener el orden y la seguridad para sus
intereses en la región. La excesiva concentración de la tierra y las riquezas
en esos países llevaron al surgimiento de movimientos sociales que se
convirtieron en guerrillas.
Los movimientos guerrilleros de Nicaragua (Frente Sandinista
de Liberación Nacional), El Salvador (con el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional) y Guatemala (Unidad Nacional Revolucionaria) convirtieron
a toda la región centroamericana en un polvorín, en la medida en que las
guerras internas poco a poco se convirtieron en un conflicto regional de escala
mayor en los que intervino Estados Unidos, mediante apoyo físico y financiero
contra estos movimientos que consideraba “comunistas”.
Para México, la prolongación del conflicto en Centroamérica
podría dañar la soberanía, integridad territorial y estabilidad interna del
país. México comprendió la necesidad de intervenir en la zona centroamericana,
vía la mediación y la cooperación, con el fin de evitar la radicalización
política de estos movimientos y lograr la estabilidad política de la zona para
evitar una intervención de los Estados Unidos, quienes situaban el conflicto en
el marco de la confrontación este-oeste (capitalismo-socialismo), a diferencia
de nuestro país que, enarbolando el discurso de la revolución mexicana sobre la
igualdad social, argumentaba que los orígenes del mismo se encontraban en las
profundas desigualdades imperantes en dichos Estados.
De acuerdo con el Canciller Castañeda, la política mexicana
hacia Centroamérica en ese momento estaba definida por cuatro puntos:
1)
El reconocimiento de que la nueva situación en
el área era resultado de la legítima aspiración de los pueblos por trasformar
sus arcaicas y anacrónicas estructuras de poder;
2)
La defensa del derecho de los pueblos a darse la
forma de organización política, económica y social que mejor corresponda a sus
aspiraciones;
3)
El pleno respeto al principio de no intervención
y
4)
El diálogo abierto con todos los países del área
acerca de que «estas luchas no deben ser consideradas como parte de la
competencia ideológica y política entre las superpotencias.3
Las acciones del gobierno mexicano se encaminaron a buscar
una salida negociada al conflicto ante el peligro que representaba una
intervención norteamericana en la región y la creciente ola de exiliados que
llegaban a México huyendo de las guerrillas, mismos que representaban un grave
problema para el país.
Así,
por ejemplo, en el caso de El Salvador, considerando que la actuación de
fuerzas externas alimentaban el conflicto, en noviembre de 1891 el gobierno de
de México dio los primeros pasos con el fin de reducir la tensión entre los
gobiernos de Cuba y Estados Unidos al lograr reunir a sus respectivos
cancilleres. El presidente López Portillo insistía en que existía un punto intermedio
en el que se podía encontrar una solución negociada a la crisis.4
En 1982 López Portillo visitó Managua y propuso un Plan de
Distensión Regional, basado en la identificación de los principales focos del
conflicto. Para el presidente Portillo los «nudos de la zona» eran tres:
Nicaragua, El Salvador y, «si se quieren ver las cosas de frente, la relación
entre Cuba y Estados Unidos.»5
Con el Plan México se ofreció como mediador dentro del
proceso cuyos componentes serían la continuación del diálogo entre Cuba y los
Estados Unidos; la negociación de paz en el Salvador y la firma de tratados de
no agresión, tanto entre Nicaragua y Estados Unidos como entre la primera y sus
vecinos.
De acuerdo con lo propuesto por México, la salida a la
situación de Nicaragua tenía otros dos aspectos fundamentales:
a) Que Estados
Unidos hiciera a un lado «toda amenaza o uso de la fuerza dirigida contra
Nicaragua y b) una reducción equilibrada de efectivos militares
en el área»6
No obstante, el Plan no prosperaría y a partir de ese año y ante la crisis
económica interna, el gobierno mexicano
mostró interés en reducir el apoyo económico a Nicaragua, a la vez que la retórica pro-sandinista dentro del
país disminuyó.
Cabe mencionar que en septiembre del mismo año, México y
Venezuela firmaron de forma conjunta tres cartas donde exhortaban a los jefes
de gobierno de Honduras, Estados Unidos y Nicaragua a buscar una solución a los
problemas excluyendo el uso de la fuerza para lograr la pacificación.
La acción de la diplomacia mexicana durante 1983 sería
intensa y dirigida prioritariamente a la búsqueda de una solución pacífica del
conflicto centroamericano, al tiempo que Estados Unidos iniciaba la campaña de
apoyo a la contrarevolución nicaragüense a través de Honduras.
El llamado Grupo Contadora nació de la reunión que, a
iniciativa de México y Panamá,
efectuaron los cancilleres de Colombia, Panamá, Venezuela y México los
días 8 y 9 de enero de 1983 en la isla de Contadora, Panamá. Desde la perspectiva
de analistas como Consuelo Dávila y Mario Ojeda, la convocatoria y creación del
Grupo Contadora se convirtió en la salida de México en el ámbito internacional
para mantener su no alineamiento relativo frente a los Estados Unidos.7
Para complementar los esfuerzos de Contadora, desde
diciembre de 1983 el gobierno mexicano participó de manera activa en la
creación del Comité de Acción y Apoyo al Desarrollo Económico y Social de
Centroamérica (CADESCA) en el seno del Sistema Económico Latinoamericano (SELA),
cuyo propósito era el de promover la cooperación económica internacional a
favor de Centroamérica.
De acuerdo al comunicado conjunto emitido por los miembros
del Grupo Contadora, éste tenía por objeto crear un clima de confianza que
permitiese el compromiso político y la cooperación económica y social. En
consecuencia se señalaba que la idea consistía en «cumplir una función
diplomática, orientada a buscar por la vía política la solución de los conflictos, contando para ello con la
colaboración de las partes involucradas».8 De esta manera, el
proyecto de Contadora se centraba en la construcción de un orden regional
plural basado en el respeto irrestricto de los principios básicos del Derecho
Internacional.9
Los días 12 y 13 de abril de 1984 los cuatro ministros de
Relaciones Exteriores del Grupo Contadora visitaron El Salvador, Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Guatemala para entrevistarse con los dirigentes de los
respectivos países.
Contadora logró establecer por vez primera contactos con
los diversos gobiernos centroamericanos y lograr el inicio de la discusión
preliminar sobre la agenda en común, donde aparecieron asuntos relacionados con
la seguridad, el control de armamentos, las amenazas y agresiones verbales;
incidentes bélicos y cuestiones fronterizas.10 Finalmente, quedó
establecido el compromiso de realizar una nueva reunión en mayo.
Posteriormente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
avalaría la participación de Contadora, con la resolución 530, que además
reconocía el derecho de los países de toda la región de vivir en paz, seguridad
y libres de toda injerencia externa.
Sin embargo, las negociaciones de contadora se bloquearon
ante el agravamiento de la crisis en Centroamérica. Ello llevó a la realización
de una reunión en Cancún, donde se plasmaron en un «Documento de Objetivos» las
directrices para reducir las tensiones en la región.
De conformidad con los objetivos de fortalecer las
instituciones democráticas, garantizar la observancia de los Derechos Humanos y
lograr el desarrollo económico y la justicia social en Centroamérica, los ministros de Contadora reunidos en Cancún
propusieron la creación de un compromiso común para:
1. Poner
fin a toda situación de beligerancia
2. La
congelación de armamentos ofensivos
3. Iniciar
las negociaciones
4. La
proscripción a la existencia de instalacionesmilitares de otros países en
territorio centroamericano
5. Efectuar
patrullajes fronterizos conjuntos
6. Constituir
comisiones mixtas de seguridad
7. Establecer
mecanismos internos de control
8. Promover
un clima de distención y confianza enel área.
9. Coordinar
sistemas de comunicación directa entrelos gobiernos a fin de prever conflictos
armados.11
Con el fin de lograr los objetivos
enunciados, Grupo
Contadora hizo un llamado a la comunidad
internacional, particularmente a los países desarrollados, para que mediante
créditos de fomento y programas de cooperación permitieran la entrada de
productos centroamericanos en sus mercados. Asimismo, los gobiernos que
integraban al Grupo se ofrecieron a canalizar el apoyo internacional hacia los
propósitos de reactivación económica.
Para el 30 de
septiembre Bernardo Sepúlveda, secretario de Relaciones Exteriores de México,
pronunció un discurso frente al pleno de la Asamblea General de la ONU, donde
situó la crisis centroamericana como «un conflicto entre quienes pretenden
mantener sin alteraciones un orden social obsoleto y quienes buscan
transformarlo (...)»;12 de acuerdo al Canciller, la pacificación
duradera en Centroamérica sólo podría alcanzarse mediante el irrestricto
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y al principio de no
intervención.
Igualmente, Sepúlveda destacó que las gestiones de
Contadora se orientaban conforme a tres objetivos fundamentales: la distensión,
el entendimiento político y la cooperación para el desarrollo.
El 6 de octubre,
Sepúlveda, en representación de Grupo Contadora, entregó al Secretario General de la ONU el
«Documento de 21 Puntos Básicos para la Pacificación de Centroamérica»,
resultado de las correcciones y ampliaciones realizadas al «Documento de
Objetivos» de Cancún. El Documento
señalaba la necesidad de observar los siguientes principios como punto de
partida para lograr la pacificación de la región:
1.
La libre determinación de los pueblos
2.
La no intervención
3.
La igualdad soberana de los Estados
4.
Solución pacífica de controvercias
5.
Abstención al uso de la fuerza
6.
Respeto a la integridad territorial de los
Estados
7.
Pluralismo en sus diversas manifestaciones
8.
La plena vigencia de las instituciones
democráticas
9.
Fomento a la justicia social
10.
La cooperación internacional para el desarrollo
11.
Respeto y promoción de los Derechos Humanos
12.
La proscripción del terrorismo
13.
La reconstrucción de Centroamérica mediante la
integración progresiva
14.
La necesidad de fomentar la cooperación
económica entre los países del Istmo
15.
Fomentar sistemas democráticos en los
países de la región
16.
Evitar injustas estructuras económicas
17.
Poner fin a las hostilidades y establecer bases
para lograr la paz
18.
Poner fin a la carrera armamentista y al tráfico
de armas
19.
Evitar asesores extranjeros y otras formas de
injerencia foránea
20.
La NO utilización del territorio centroamericano
para la realización de acciones armadas.
21.
Propiciar el diálogo para lograr la convivencia
pacífica13
Sin embargo, el Documento de Objetivos fue aceptado por los
países en conflicto sólo en las partes que cada uno consideraba viables, por lo
que la negociación se tornó lenta. Para el 8 de enero de 1984 se convino un
segundo documento llamado «Normas para la ejecución de los compromisos asumidos
en el Documento de Objetivos «; que nuevamente fue rechazado.
El cuarto documento se llamó «la Versión Revisada del Acta
de Contadora» que, como las anteriores no tuvo el éxito que los integrantes de Contadora
esperaban.
Para septiembre de 1984, tras 21 meses de negociaciones
y cuatro
Actas de Paz puestas a consideración, Contadora no veía grandes avances
en sus esfuerzos por llegar a una paz negociada. Fue entonces cuando se presentó el «Acta de Paz y
Cooperación en Centroamérica», que
comprendía medidas tendientes a desmilitarizar la vida política y fortalecer la
economía de los países que integran la región. 14
Al mes siguiente, la «Versión Revisada del Acta de
Contadora» fue suscrita por Nicaragua. No obstante, Estados Unidos, acusando a
Nicaragua y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) del
desembarco de misiles soviéticos en aquel país, decidió manifestar su
desacuerdo con el Acta. Posteriormente los
demás países centroamericanos, bajo diferentes excusas, decidieron no
firmar el Acta. Con esto, nuevamente se volvió al comienzo en el proceso de
negociación y, el Grupo Contadora comenzó a desgastarse políticamente frente a
las permanentes trabas impuestas por
Estados Unidos, con el apoyo de algunos
países de la región.
Contadora fue
reforzado por un «Grupo de Apoyo a Contadora», conformado por Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay. En noviembre de 1985, los representantes de Contadora y
Apoyo se reunieron en Caraballeda,
Venezuela y adoptaron un documento, cuyos puntos principales eran:
a. Cese
del apoyo externo;
b. Solución
negociada de los conflictos internos;
c. Creación
de un Parlamento Centroamericano;
d. Autodeterminación
democrática, integridad territorial y no injerencia.15
No obstante, ante la dificultad de lograr un acuerdo de paz
en Centroamérica, dados los diferentes conflictos que se dieron entre los
países involucrados y la mayor injerencia de Estados Unidos en los mismos
mediante la guerra de baja intensidad, se anunció la suspensión de las gestiones de Contadora por cinco meses.
En el mes de marzo de ese año, los Grupos de Contadora y
Apoyo, basándose en el documento de Caraballeda, hicieron una nueva propuesta de paz; sin embargo, el eco que
recibieron por parte del gobierno norteamericano fue la petición de aprobación al Senado de 100 millones de
dólares de ayuda para la «contra». De hecho, Estados Unidos gastó entre 1981 y
1986, 627 millones de dólares en la construcción de bases y envío de equipo
militar a Honduras.
En mayo, el gobierno
de Guatemala convocó a la primera reunión de paz en Esquipulas (Esquipulas I) 16 y
para junio Estados Unidos había logrado la desactivación de Contadora, tras la
negativa de los países centroamericanos, presionados por Estados Unidos, de
firmar una última versión del Acta Revisada de Paz y Cooperación.
Para noviembre de 1986 Contadora hace una nueva propuesta
para la pacificación en Centroamérica donde se señalaba el derecho de los
pueblos de elegir su sistema político, económico y social; la solución global,
integral y negociada del problema centroamericano; la abstención por todas las
partes de ejercer presiones militares.17
En enero de 1987 Contadora y Apoyo obtuvieron el respaldo
de la ONU y la OEA para realizar una gira conjunta en la región, cuyos
objetivos eran recoger el punto de vista de los gobiernos para conocer su
disposición ante las propuestas y evitar el agravamiento del conflicto.
Finalmente, en febrero del mismo año se da a conocer el
Plan Arias, elaborado por Costa Rica y que constituyó el documento base para el
Acuerdo de Esquipulas II así como la práctica desactivación de las labores del
Grupo Contadora y de Apoyo, cabe mencionar que a partir de la reunión que
sostuvieron sus respectivos cancilleres en Río de Janeiro durante diciembre de
1986, se decidió la creación de un Mecanismo de Consulta y Concertación
Política, conocido como Grupo de Río o Grupo de los 8 cuyo objetivo es la
realización de consultas recíprocas sobre los grandes temas que preocupan a la
región o que se planteen en el sistema internacional, a la vez que la
concertación de acciones conjuntas que permitan una mayor coordinación de las
políticas, y la maximización de las posiciones latinoamericanas en el proceso
de negociación con terceros Estados u organismos internacionales.
Finalmente, cabría destacar que, si bien es cierto que el
Grupo Contadora no logró la suscripción de un acuerdo de paz que pusiera fin al
conflicto en Centroamérica, “el éxito de su actuación consistió en evitar la
generalización de la guerra y en fortalecer la presencia mexicana en
Centroamérica, sentando así las bases actuales para el ejercicio de una
cooperación para el desarrollo más articulada (…) además de haber propiciado
las condiciones políticas para la solución que finalmente alcanzarían los
propios países del Istmo en Esquipulas, hacia 1986-1987.”18
El papel que jugó México como mediador para solucionar el
conflicto centroamericano fue tan importante que la suscripción de los acuerdos
de paz de El Salvador y Guatemala, se realizó en nuestro país.
En el caso de El Salvador, para el 31 de diciembre de 1991,
la delegación del gobierno salvadoreño y la comandancia general del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaban en la sede de la ONU el
documento que dio fin a las negociaciones de paz en el Salvador.
El gobierno salvadoreño declaró amnistía general para la
guerrilla a partir del cese definitivo del fuego, por lo que la firma de los
Acuerdos de Paz simbolizó el cierre de un ciclo en el proceso de lucha por la toma del poder a
través de la vía armada.
De esta manera, el 16 de enero de 1992, ante los jefes de
Estado y de gobierno de Nicaragua, Violeta Barrios; de Guatemala, Jorge Serrano
Elías; de Venezuela, Carlos Andrés Pérez; de Colombia, César Gavina; de España,
Felipe González; de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón; de Honduras, Rafael
Callejos; de Panamá, Guillermo Eandara; además de los secretarios generales de
la ONU, Boutros Ghali, y de la OEA Joao Baena y cancilleres de varios países;
Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador y la Comandancia general del FMLN,
firmaron en la Ciudad de México, bajo los auspicios del gobierno de Salinas, el
Acta de Chapultepec que dio por terminado el conflicto armado que, según se
estimaba, había ocasionado la pérdida de 70 000 vidas.19
En el caso de Guatemala, el Acuerdo de Paz sería firmado en
la Ciudad de México en 1996, culminado el azaroso camino de la negociación de
paz entre el gobierno y la guerrilla guatemalteca, con lo que Rodrigo Asturias,
miembro de la comandancia general de la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca definió como «la base de un futuro de reforma y transformación»
para su país.20
2.2. El conflicto colombiano
El
conflicto que hasta hoy azota Colombia tiene sus orígenes en la década de los
sesenta cuando, al igual que sucedió en la mayoría de los países
Latinoamericanos, los movimientos
campesinos y comunistas optaron por la vía armada para lograr sus objetivos
sociales.
En 1936 los liberales que estaban en el gobierno de
Colombia intentaron un proyecto de reforma social, frenar influencia comunista
y ganarse el apoyo popular. Para ello, se establecieron nuevos impuestos para
las grandes fincas y la ley de reforma agraria. No obstante, las leyes
escindieron al partido liberal y provocaron fuerte oposición de los
conservadores.
Para 1946 los conservadores llegaron al poder y anularon
las reformas liberales. Fue entonces que estallaron conflictos uno de los
cuales lo encabezaba el liberal populista Jorge Eliécer Gaitán, para 1948
aconteció el llamado “Bogotazo”: una muchedumbre enfurecida saqueó la capital
de la nación.21
Mediante el llamado Acuerdo de Frente Nacional de 1957, se
garantizó la no exclusión del poder de los liberales y los conservadores, lo
que disminuyó la identificación de la población con estos partidos y
aparecieron formas no electorales de oposición.
Para 1966 guerrilleros, comunistas y campesinos fundaron
las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana.22 Surgieron el
Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el más
importante grupo fue el M-19 con un programa nacionalista. La guerrilla no era
una amenaza seria y el ejército no pudo eliminarla. Lo que hoy conocemos como
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pertenecían al entonces Partido
Comunista.23
A fin de defenderse de las agresiones de la guerrilla, la
clase económicamente más poderosa de Colombia (empresarios y terratenientes)
empezaron a armar y financiar sus propios cuerpos de seguridad, las fuerzas
paramilitares. A partir de ese momento, la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico debilitaron fuertemente al
Estado.
Actualmente en
Colombia conviven, por lo menos, tres grupos guerrilleros: las FARC, el ELN y
los paramilitares. A partir del año 2002, con la llegada al poder de Álvaro
Uribe se intensificó la lucha contra la guerrilla y al parecer se encuentra en
un proceso de repliegue. La guerrilla es acusada de mantener vínculos con el
narcotráfico y financiarse mediante secuestros. Incluso, Estados Unidos ha
catalogado al las FARC y al ELN como grupos de carácter terrorista.
Ante tal escenario, el gobierno de México declaró que, de
hacer una solicitud del gobierno colombiano, estaría dispuesto a participar
como garante de las conversaciones de paz en Colombia entre autoridades y la
guerrilla. Por su parte, el presidente Álvaro Uribe elogió a su vez, la
posición del presidente Fox contra el terrorismo y consideró que sería
«magnífico» que se pudiera contar con esa participación en el proceso de
pacificación que se vislumbra entre el gobierno y el ELN.
Días después, el ELN señalaba en un comunicado su
satisfacción sobre el anuncio de México de apoyar las negociaciones en la
búsqueda de paz en Colombia, dando de esta manera su aceptación de que nuestro
país iniciara las tareas de mediación. De acuerdo al comunicado:
El
Comando Central del Ejército de Liberación Nacional considera que la búsqueda
de la paz está vigente y es parte de la construcción del futuro necesario para
Colombia, en tal sentido saluda el punto del presidente Vicente Fox y el gobierno
mexicano en apoyar la búsqueda de la paz para Colombia (…) para conocer e
intercambiar tales iniciativas estamos dispuestos a establecer de manera
inmediata una comunicación directa con el gobierno mexicano.24
Posteriormente
el representante del gobierno mexicano, embajador Andrés Valencia, inició sus
trabajos en aras de propiciar un encuentro entre ambas partes y dar comienzo a
las negociaciones formales de paz. Asimismo, reconociendo el liderazgo de
México en materia de mediación y buenos oficios internacionales, los gobiernos
de Brasil, Venezuela y España acordaron apoyar
a México en su mediación en el conflicto colombiano.
A diferencia
del caso Centroamericano, resuelto satisfactoriamente con la firma de los
Acuerdos de Paz durante la década de los noventa, en el caso Colombiano aún
falta mucho por trabajar en la búsqueda de la paz del país.
Si bien es cierto que,
según datos del gobierno, durante 2004, 1.047 combatientes de los ilegales
grupos armados -guerrilla y paramilitares- desertaron y se entregaron al
gobierno (sumando 4.315 los que se han entregado durante el mandato de Uribe)25 ; actualmente el gobierno
colombiano enfrenta el reto de concluir satisfactoriamente las negociaciones de
paz con los escuadrones paramilitares de ultraderecha y mantener el diálogo con
el ELN, con ayuda de México
